Óptica Libre / Por Angy Bracho
Si usted es de los que porta un auto, un celular de última generación, zapatos de marca o simplemente un reloj llamativo… ¡Manténgase alerta, podría ser la próxima víctima! No quiero ser pesimista, con llevarle un poco los pies a la tierra, quizás le esté haciendo un favor.Estudios realizados por la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) señalan que al menos 4 de cada 10 personas han sido víctimas de la violencia que asedia las calles de nuestro país, que cada 38 minutos muere un venezolano, que los homicidios en Venezuela aumentaron de 4.560, en 1998, a 14.589, al finalizar el 2008. Que son 7 veces más los robos con violencia que los homicidios y, que la impunidad en el tema de estos delitos alcanza aproximadamente entre un 95 y 97 por ciento.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) asegura que el 86,7% de los crímenes son cometidos usando armas de fuego. Que las muertes violentas en hombres son “casi trece veces superior a la de las mujeres” y sobre todo jóvenes de bajos estratos sociales.
Pero ni los numeritos en rojo, ni los porcentajes elevados son de preocuparse. La posibilidad de convertirse en uno más de esos que no regresan con vida a su casa el fin de semana y la, cada vez más alta, probabilidad de ser atracado, hurtado, secuestrado, o golpeado en la calle son las que llaman a la preocupación.
En 2006 el ex ministro Jesse Chacón reconoció públicamente, sin pena ni gloria, que en el país circulaban más de cuatro millones y medio de armas sin ningún tipo de permisología, de los seis millones en total que hay en el país.
Por eso, hablar de la seguridad en Venezuela, o de la inseguridad, es llover sobre mojado. Difícilmente podría yo llegar a decir más de lo que se ha dicho. El tema pareciera que nos preocupa a todos, excepto a quienes deberían ocuparse de garantizar la salvedad de sus conciudadanos.
Mientras el hampa azota las calles, cientos de funcionarios encargados de resguardar la seguridad del ciudadano común se encuentran velando, únicamente, por la seguridad de sus puestos. La mayoría de las veces cuidando de otros funcionarios o haciendo el papel de escoltas.
A propósito del tema de los escoltas, servicio que a pesar de ser ilícito, porque no cuenta con los permisos otorgados por el Ministerio de Interior y Justicia, sigue incrementándose de una forma notable.
Mi sorpresa fue mayúscula, hace unas semanas, cuando en el cine se sentaron a mi lado un señor con su esposa y junto a ellos sus dos guardaespaldas. Más normal, sin embargo, resulta ver las numerosas comitivas rondando los colegios de la zona mientras los jovencitos provenientes de familias adineradas están en clases.
Asimismo, asombra como los ciudadanos comunes, aquellos que no tienen tanta plata como para pagar escoltas, pero que tienen una familia por la que velar, compran armas de forma indiscriminada, para tener en la casa, en el carro, en el negocito y una para “cargarla encima”.
Las ventas de armas se han incrementado en un 80% en los últimos dos años, de acuerdo con investigaciones realizadas por el OVV. Basándose en una encuesta realizada en 2008 con una muestra de más de 1.000 personas, también determinó que la población está dispuesta a arriesgar su vida y se ha proclamado el “derecho a matar para defender la familia”. Un 28% de los encuestados dijo estar dispuesto a tener un arma de fuego como protección y un 67% aprueba los linchamientos o la posibilidad de hacer justicia por cuenta propia.
El gobierno venezolano celebró a principios de 2009 una reducción del 20% en las muertes violentas durante 2008 aunque no reveló cifras.
Paradójicamente, una investigación inédita revela que la nueva capital mundial de la violencia es Caracas, después de Ciudad Juárez, localidad ubicada en la frontera de México con Estados Unidos donde la protagonista es una lucha entre los carteles de la droga.
La medición realizada por la organización civil mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública (CCSP) se hizo a partir del número de homicidios cometidos, por cada 100.000 habitantes. Ciudad Juárez aparece como la urbe más violenta del mundo con 130, Caracas, ocupa el segundo puesto con 96 homicidios, Nueva Orleans, USA, el tercero con 95 y Bagdad, la capital de Irak agobiada por la guerra ocupa el décimo lugar con 40 homicidios dolosos.
¡Impresionante! La verdad, creo que la mayoría de los venezolanos estábamos convencidos de que la situación de violencia ha ido en una avanzada asombrosa. Pero de allí a aceptarnos capital de la violencia mundial, no lo creo.
Parece que a nuestra tierra ha llegado el reinado de la anomia, las leyes se fueron de vacaciones junto con los funcionarios de los cuerpos de seguridad estatales.
Tal como lo decía en la pasada entrega de Óptica Libre, si bien es cierto que la violencia, en gran medida, viene de manos de civiles también es cierto que, la responsabilidad de esos hechos es inherente al Estado porque es éste el encargado de velar y garantizar los derechos de sus ciudadanos.
No se puede hablar de un auténtico derecho a la vida, a la justicia, a la integridad personal, a la libertad cuando la población está expuesta de forma permanente a la agresión, violencia, impunidad, el secuestro y el peligro latente que representa para cualquiera, el simple hecho de salir a la calle.
Para colmo, la gran mayoría de las víctimas ni siquiera denuncia el delito bien sea porque percibe que la policía no hará nada o por el temor a las represalias, pues es también sabido que desde las mismas instituciones fluye la información casi espontáneamente hacia los delincuentes.
La pregunta es la de siempre. ¿Qué es lo que ha pasado en estos diez años? ¿Qué nos ha levado a este callejón sin salida? ¿Qué han estado haciendo las autoridades? ¿Cómo han llegado a triplicarse los homicidios en diez años?
Un planteamiento interesante hace Roberto Briceño, director del Observatorio Venezolano de Violencia “los primeros muertos por cada 100.000 habitantes tienen la misma explicación que tendrían en México o Brasil. Pobreza, desigualdad… Pero los otros veintitantos tienen que ver con el quiebro del pacto social que se ha llevado con este Gobierno. Cuando el presidente hace un minuto de silencio por el guerrillero Raúl Reyes, está creando un desorden en la sociedad”.
¿Cómo resolverlo?
Desde los más pacifistas hasta los más radicales aseguran que hay que poner un alto al flagelo que significa la inseguridad. “Es un riesgo que nos acostumbremos a la cotidianidad de la violencia” decía un grupo de profesores y psicólogos que se manifestaban recientemente en la capital.
La intervención y depuración de los cuerpos policiales e instituciones afines, no deja de ser una excelente opción. Para algunos la idea de crear nuevos centros penitenciarios, con un nuevo concepto y un plan de reinserción social de los delincuentes sería suficiente, para los radicales bastaría la idea de crear grupos de exterminio debido al nivel -in crescendo- de las cifras rojas.
A estas alturas, no es que me parezca que una idea es mala o la otra sea buena, pero me temo que resultaría insuficiente tomar medidas aisladas de cualquier tipo si el mismo plan de saneamiento no fuera estructuralmente digno y creíble. Le tocará al Ejecutivo tomar la situación por sus manos, proclamar una ley bien sólida y diseñar una magnifica estrategia para poder coronar con éxito a la hora de ejecutar su plan.
